101 vehículos serán adquiridos para todas las comisarías

El jefe de la región policial de Ancash, coronel PNP Gastón Alzamora, dijo que la adquisición de los patrulleros para las unidades orgánicas (comisarías, entre otras dependencias policiales) ya están por llegar a su final tras haber sido levantada las observaciones que se impusieron a la compra de 102 patrulleros.

Según el oficial PNP, los 102 patrulleros estuvieron con otra razón social, es decir que el propietario era el Gobierno Regional de    Ancash y ésta observación tenía que arreglarse pasando la propiedad al Ministerio del Interior, lamentablemente un vehículo estaba a nombre de la Municipalidad Provincial del Santa no pudo cumplir con el proceso y no ha podido ser transferida y por ello solo se contará con 101 patrulleros.

La autoridad policial señaló que entre un 95 a 98 % ya se tiene asegurada la compra de los patrulleros y en breve tiempo se estarán poniendo al servicio de la colectividad de toda la región Ancash.

Finalizó anunciando que cada patrullero viene con el debido equipamiento y de este modo desde la alta dirección del MININTER queda determinado su destino final. (Arnaldo Mejía Bojórquez)

GORE Ancash actuó de manera irregular

La Contraloría General determinó que funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Áncash (GORE) actuaron de manera irregular en la ejecución de las obras de implementación de ambientes para la respuesta y contención del Covid-19 en los hospitales Casma, Huarmey y Recuay (nivel II-1), lo que generó retrasos hasta por 20 meses e impidió la atención oportuna de miles de pacientes infectados.

Se trata de las Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR) construcción de ambiente complementario, adquisición de bomba de infusión, equipo de rayos x digital y cama clínica rodables y otros activos en los tres establecimientos de salud mencionados cuya inversión total ascendió a S/ 5 893 526.

Para la ejecución del Componente I – Infraestructura de los IOARR, el GORE contrató directamente a tres consorcios, durante agosto y septiembre del 2020, y de la misma manera, a dos consorcios y una empresa para la supervisión de obra. El plazo de ejecución fue de 45 días calendario, el cual no se cumplió y se extendió hasta posterior a la primera y segunda ola de contagios del Covid 19.

Según revela la Auditoría de Cumplimiento N° 001-2024-2-5332, con la intención de sustentar las demoras en la ejecución contractual, los consorcios contratistas en coordinación con los consorcios supervisores y los funcionarios y servidores del GORE, tramitaron y aprobaron el adicional con deductivo vinculante n.° 1 para cada IOARR a fin de mejoras en algunas partidas (cerco perimétrico, instalaciones sanitarias y eléctricas, cuartos de oxígeno y de residuos sólidos, caseta para grupo electrógeno, piso de porcelanato, etc.)

Las ampliaciones (IOARR Casma) y suspensiones de plazo (IOARR Huarmey y Recuay) fueron tramitados y autorizados pese a que trasgredían el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y no correspondía efectuarse bajo el contexto de emergencia sanitaria. Además, se usó como sustento la demora en la aprobación de los adicionales deductivo vinculante, generada por

observaciones que pudieron ser absueltas entre el Residente y el Supervisor.

Así, la culminación de la IOARR Huarmey se retrasó 601 días calendario, hasta el 11 de agosto de 2022.

El 31 de agosto del 2021 se culminaron los trabajos en la IOARR Recuay donde la irregular suspensión de la obra se aprobó sin establecer un límite de plazo, hecho que contribuyó a que el contratista culmine la obra en 344 días, cuando debió hacerlo en 45 días.

Mientras que, a la fecha de la emisión del informe, la infraestructura de la IOARR del Hospital San Ignacio Casma permanece en situación de entregada de manera parcial sin estar liquidada. (Arnaldo Mejía Bojórquez)

Comunidades no permiten el ingreso de los técnicos fiscalizadores de la DREM

Ricardo Castillejo Melgarejo, Director Regional de Energía y Minas precisó que este año la institución viene ampliando las acciones de fiscalización programadas e inopinadas a las unidades mineras de las provincias de la costa y sierra de Áncash, para hacer cumplir las obligaciones ambientales, de seguridad y salud ocupacional que establece la normativa a la pequeña minería y minería artesanal, con el objetivo de generar una minería sostenible y responsable con su entorno ambiental y social.

Sin embargo, ha manifestado que la comunidad campesina de Vicos del distrito de Marcará en la provincia de Carhuaz, han emitido un documento en donde señalan de manera extraña que no permitirán el trabajo fiscalizador de los técnicos de la Dirección Regional de Energía y Minas, es decir que no permitirán el ingreso al área que viene siendo explotada a lo largo de la quebrada Honda.

Cabe señalar que se ha detectado trabajos ilegales en esa zona y la minería ilegal viene realizando lo que mejor les parezca y usufructúan los recursos minerales de la zona con extracción clandestina en donde operan gente extraña haciendo uso de material explosivo de procedencia ilegal.

Es este problema precisamente por el que no permiten el ingreso de los ingenieros de la DREM Ancash; es más, se conoce que las comunidades que albergan mineros ilegales, tampoco permiten el ingreso de la Policía Nacional de Medio Ambiente al igual que a los fiscales del Ministerio Público. (Arnaldo Mejía Bojórquez)