Entidad aprobó estudios y pagos pese a que el diseño no se ajustaba a las condiciones reales del terreno  

Tres servidores públicos de la universidad tendrían presunta responsabilidad civil y administrativa debido a que aprobaron y dieron conformidad a pagos.

INFORME ESPECIAL Ronald Montoro Yopla

SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD PAGARON A PESAR DE PROBLEMAS DE TERRENO

La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de S/ 236 367 en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM), luego de determinar que servidores de la entidad aprobaron y pagaron servicios relacionados con el expediente técnico de un proyecto para el mejoramiento y ampliación de espacios deportivos y recreativos, a pesar de que presentaba problemas con el área disponible y las condiciones reales del terreno.

SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TENDRÍAN PRESUNTA RESPONSABILIDAD CIVIL Y ADMINISTRATIVA

Tres servidores públicos de la universidad tendrían presunta responsabilidad civil y administrativa debido a que aprobaron y dieron conformidad a los entregables 1 y 2, así como al adicional n°. 1 de obra para los servicios de supervisión y consultoría del estudio definitivo del proyecto.

INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO

Según el informe de Control Específico N.° 010-2026-2-0213-SCE, cuyo periodo de evaluación comprende del 18 de noviembre de 2022 al 16 de julio de 2024, la universidad adquirió, en diciembre del 2018, seis lotes ubicados en el barrio de Nueva Florida (Independencia) por más de S/8.5 millones para la ejecución del proyecto deportivo.

SUPERPOSICIÓN DE TERRENOS

Durante la elaboración del estudio definitivo se proyectó en un área mayor a la registrada en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), generando una superposición con un pasaje de dominio público y predios colindantes.

PESE A IRREGULARIDADES SE PAGÓ

Además, se determinó que no se advirtieron oportunamente restricciones que impedían acumular registralmente los lotes en una sola unidad inmobiliaria.

Asimismo, parte de uno de los terrenos se encontraba dentro de la faja marginal del río Auqui, reduciendo el área disponible para ejecutar el proyecto. Pese a estas situaciones, la universidad aprobó entregables que mantenían estudios incompletos y observaciones pendientes de subsanación.

PRESUPUESTO ADICIONAL

De igual manera, se aprobó un presupuesto adicional para incorporar nuevos componentes, a pesar que el área disponible no era suficiente para el diseño planteado.

Los pagos efectuados por los servicios vinculados al proyecto alcanzaron los S/ 236 367, dicho monto comprende pagos a proveedores y servicios relacionados con la formulación del expediente técnico, la supervisión y coordinación del proyecto.

LOS PERJUICIOS

Como consecuencia de estas deficiencias la universidad no cuenta, a la fecha de emisión del informe, con la infraestructura y equipamiento que permitan a la comunidad universitaria desarrollar las actividades deportivas y recreativas previstas, afectando los objetivos que se buscaba alcanzar con dicho proyecto.

INFORME SE COMUNICÓ AL RECTOR

El informe fue comunicado a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República y al rector de la UNASAM para realizar las acciones necesarias que permitan determinar las responsabilidades que correspondan. Los ciudadanos pueden acceder al documento en su integridad a través del Buscador de Informes de Control.

Se evidencia creciente inseguridad en Huaraz e Independencia    

Un sujeto de aproximadamente 42 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma punzocortante durante una violenta gresca al interior de una vivienda ubicada en inmediaciones del colegio Fe y Alegría, en la ciudad de Huaraz.

Efectivos del Serenazgo de Huaraz acudieron a la zona para controlar la situación y auxiliar a la víctima, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Víctor Ramos Guardia. Por su parte, la mujer involucrada en el ataque fue intervenida y puesta a disposición de la Comisaría de Huaraz, mientras la Policía Nacional del Perú (PNP) realiza las investigaciones para esclarecer el móvil de la agresión.Enrique Huamán, supervisor de Serenazgo de Huaraz, confirmó el uso de un arma blanca durante la pelea e hizo un llamado de alerta sobre la recurrencia de estos episodios. Según detalló, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas suele desencadenar estos actos de violencia urbana y doméstica en la provincia.

Crece la preocupación por la inseguridad en Huaraz e Independencia

Este nuevo hecho de violencia reaviva el malestar de la ciudadanía en los distritos de Huaraz e Independencia, donde vecinos de diversos barrios denuncian un preocupante aumento de la criminalidad, riñas y robos a mano armada. La percepción de inseguridad se ha agudizado debido al incremento de locales nocturnos informales y puntos de venta de alcohol sin fiscalización, los cuales operan a menudo cerca de zonas escolares o residenciales.Ante el déficit de patrullaje preventivo y la limitada capacidad operativa de las autoridades locales, los residentes de Huaraz e Independencia exigen un plan articulado de seguridad ciudadana que incluya un mayor despliegue policial, fiscalizaciones continuas y sanciones severas para frenar la violencia que impacta la tranquilidad de ambos distritos. (Arnaldo Mejía Bojórquez)

Magistrado supervisó asistencia y permanencia del personal y dispuso acciones para fortalecer las condiciones de trabajo en esta provincia.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Áncash (CSJAN), doctor Nilton Fernando Moreno Merino, realizó una visita administrativa a todos los órganos jurisdiccionales de la provincia de Huari, con el propósito de verificar directamente su funcionamiento y conocer las principales necesidades que afrontan para brindar un adecuado servicio de justicia.

Durante la jornada, la autoridad judicial, acompañado por el gerente de Administración Distrital, licenciado Jorge Félix Saravia Saravia, y otros funcionarios de la sede judicial, verificó la asistencia, puntualidad y permanencia de magistrados y servidores.

Asimismo, sostuvo reuniones con el personal jurisdiccional y administrativo, espacios en los que recogió sus requerimientos en materia de logística y recursos humanos, a fin de evaluar las acciones necesarias para optimizar las condiciones de atención y trabajo.

Como parte de esta visita, el doctor Moreno Merino hizo entrega de modernas impresoras al órgano jurisdiccional ubicado en el local de Cáritas de Huari, equipos que fueron renovados mediante la garantía correspondiente, en reemplazo de impresoras que presentaban antigüedad, contribuyendo así a mejorar las herramientas disponibles para el desarrollo de las labores judiciales.

El doctor Moreno Merino exhortó a jueces y servidores a desempeñar sus funciones con dedicación, celeridad y transparencia, reafirmando que el trabajo jurisdiccional debe estar orientado a garantizar una atención oportuna y eficiente, especialmente para las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.  (PODER JUDICIAL)

Los agentes de seguridad detectaron celulares ingeniosamente camuflados en el interior de aparatos radio receptores, un inusual mecanismo que habría sido utilizado para burlar los controles de seguridad del Penal Víctor Pérez Liendo.

Personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) logró desbaratar un presunto intento de ingreso de equipos prohibidos al establecimiento penitenciario Víctor Pérez Liendo de la ciudad de Huaraz.

CELULARES CAMUFLADOS EN RADIO RECEPTORES

Durante el riguroso proceso de revisión, los agentes de seguridad detectaron celulares ingeniosamente camuflados en el interior de aparatos radio receptores, un inusual mecanismo que habría sido utilizado para burlar los controles de seguridad del recinto.

DETECCIÓN OPORTUNA

La detección oportuna permitió impedir que los equipos llegaran al interior del establecimiento penitenciario, reforzando la seguridad y evitando el ingreso de objetos restringidos.

AVISO A LA POLICÍA Y MINISTERIO PÚBLICO

Tras la intervención, se activaron los protocolos correspondientes y se dio aviso a las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones y la determinación de responsabilidades sobre las personas involucradas en este presunto intento de contrabando.

El INPE destacó la importancia de los estrictos controles de seguridad para prevenir el ingreso de objetos prohibidos y garantizar el orden dentro del establecimiento penitenciario. (Ronald Montoro Yopla

Joven pierde la vida tras lanzarse desde el “Puente Amarillo”

Una nueva tragedia ha conmocionado a la población huaracina y encendido las alarmas en redes sociales ante la preocupante frecuencia con la que jóvenes vienen quitándose la vida en la ciudad. En esta oportunidad, efectivos del Escuadrón de Emergencias de la Policía Nacional del Perú (PNP) recuperaron el cuerpo sin vida de un muchacho en el cauce del río Santa.

Según el testimonio de vecinos de la zona, la víctima se habría lanzado desde la infraestructura del denominado “Puente Amarillo”. Pese a la presencia de algunos transeúntes en el lugar, la rapidez del hecho impidió cualquier intento de auxilio para evitar el fatal desenlace.

Tras una compleja maniobra de descenso hacia el lecho del río, los agentes policiales lograron rescatar el cadáver. Las autoridades procedieron con la identificación correspondiente, confirmando que se trataba de Javier González Mendoza, de 24 años de edad y natural del distrito de Cochabamba.

Representantes del Ministerio Público y peritos de la PNP asumieron las investigaciones de ley para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo este lamentable suceso, mientras la ciudadanía demanda acciones urgentes orientadas a la salud mental para frenar esta trágica tendencia. (Arnaldo Mejía Bojórquez)

Execrable caso sucedió en Huaraz    

Tras un minucioso proceso de investigación y sustentación de pruebas, el Ministerio Público obtuvo la máxima sanción penal contra un hombre hallado culpable del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual, en agravio de su menor hija. El Órgano Jurisdiccional impuso la pena de cadena perpetua y fijó el pago de 15 mil soles por concepto de reparación civil a favor de la víctima.El fallo fue conseguido por el Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaraz, bajo la conducción de la fiscal adjunta provincial Miriam Chávez Casimiro. Durante el juicio, la representación fiscal presentó elementos de convicción determinantes, entre los que destacaron la declaración de la menor mediante entrevista única en Cámara Gesell como prueba anticipada, el certificado médico legal, pericias psicológicas y diversos testimonios que sustentaron la acusación.Según las investigaciones policiales y fiscales, el sentenciado perpetró las agresiones de forma sistemática y continuada. Para ello, instrumentalizaba el entorno de convivencia familiar y los momentos en que la víctima quedaba bajo su tutela para cometer los ultrajes.

La resolución judicial contempla asimismo la inhabilitación definitiva del condenado para ejercer la docencia, labores administrativas o cualquier actividad vinculada al cuidado, enseñanza, custodia o atención de niños, niñas y adolescentes. Con este fallo, los estamentos de justicia sientan un precedente en la lucha contra la impunidad en delitos flagrantes contra la integridad de menores de edad en la región. El Ministerio Público no dio a conocer el nombre del sentenciado. (Arnaldo Mejía Bojórquez)

La solución tecnológica permite generar proyectos de calificación de demandas y sentencias en minutos.

La Corte Superior de Justicia de Áncash (CSJAN) presentó APUBOT Versión 02, una herramienta basada en inteligencia artificial que busca optimizar la labor jurisdiccional y reducir los tiempos de atención en los procesos de familia.

La presentación y demostración técnica se realizó el viernes 4 del corriente, en la Sala de Acuerdos del Palacio de Justicia de Áncash, y estuvo encabezada por el presidente de la CSJAN, doctor Nilton Fernando Moreno Merino, con la participación de jueces del Módulo Corporativo de Familia de Huaraz, el coordinador de Informática y servidores judiciales.

APUBOT, institucionalizado mediante la Resolución Administrativa N° 002268-2025-P-CSJAN-PJ, incorpora en esta segunda versión los módulos de Calificación de Demandas y Sentencias, utilizando tecnologías como Google Vertex AI, modelos Gemini y arquitectura RAG.

Uno de sus principales aportes es la reducción de los tiempos de trabajo. Así, mientras la calificación tradicional de demandas sobre tenencia y régimen de visitas puede tomar un promedio de cinco días, APUBOT genera un proyecto de resolución en aproximadamente uno a dos minutos.

Las autoridades precisaron que la herramienta no sustituye la función del juez.

Los documentos generados son proyectos iniciales que deben ser revisados, corregidos y validados por el secretario, asistente de despacho y magistrado.

Como resultado de la jornada de presentación, se acordó implementar una prueba piloto en el Primer Juzgado de Familia de Huaraz, orientada a procesos de tenencia, régimen de visitas y materias derivadas.

Asimismo, se planteó desarrollar programas de capacitación y alfabetización digital para garantizar un uso adecuado y responsable de la herramienta; evaluar su extensión progresiva al Módulo Corporativo de Familia y a los Juzgados de Paz Letrado para la atención de procesos de alimentos y postular APUBOT como una buena práctica de innovación y transformación digital en el sistema judicial.  (NP PODER JUDICIAL)

La Fiscalía ha solicitado cadena perpetua para los dos acusados, a quienes se les imputa la coautoría de feminicidio y delitos contra la libertad sexual

El 10 de septiembre se llevará a cabo la audiencia de lectura de sentencia en el caso de Crísthel Thalía Maguíña García, una joven de 18 años hallada sin vida |  

INFORME ESPECIAL Ronald Montoro Yopla

El 10 de septiembre se llevará a cabo la audiencia de lectura de sentencia en el caso de Crísthel Thalía Maguíña García, una joven de 18 años hallada sin vida el 27 de agosto de 2024 en Huaraz.

PROCESO JUDICIAL EN SU ETAPA FINAL

 Daniel Espínoza Muñoz, coordinador de Defensa Pública, confirmó que el proceso judicial se encuentra en su etapa final, tras la presentación de pruebas durante el juicio oral.

CADENA PERPETUA

La Fiscalía ha solicitado cadena perpetua para los dos acusados, a quienes se les imputa la coautoría de femicidio y delitos contra la libertad sexual.

La audiencia será dirigida por un colegiado especializado en violencia de género, que tomará su decisión basándose en las pruebas presentadas.

REPARACIÓN CIVIL

Los padres de Crísthel, representados por la parte agraviada, esperan que el tribunal actúe conforme a las evidencias del caso y han solicitado una reparación civil por los daños sufridos.

FASE CRUCIAL

El caso, que ha avanzado desde la detención de los implicados tras el hallazgo del cuerpo de la joven, se encuentra en una fase crucial, donde se determinará la responsabilidad penal y la posible sanción.  

PODER JUDICIAL DISPONE 12 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA IMPUTADOS POR FEMINICIDIO

CON AGRAVANTES

La víctima habría sido ultrajada sexualmente en reiteradas veces por los investigados.

NO hay que olvidar que el año pasado, el magistrado del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria –subespecializado en delitos asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Huaraz, doctor Faustino Fidel Minaya Herrera, dictó 12 meses de prisión preventiva en contra de Cristian Daniel Rojas Regalado y Jhorlyn Edín Ramírez Ulloa, investigados por la presunta comisión del delito de feminicidio con agravantes, en agravio de Christel Thalía Maguiña García (occisa).

A los imputados se les atribuye, entre las 10:45 p.m. del 26 de agosto y las 7:00 a.m. del 27 de agosto de 2024, haber abusado sexualmente de la víctima, hecho que se habría suscitado en circunstancias en que los tres bebieron licor en un inmueble ubicado en el distrito de Independencia (Huaraz).De acuerdo a las pesquisas, la agraviada trató de defenderse de los ataques de sus agresores; su deceso se debería a un cuadro de asfixia severa.

Los investigados serán internados en el Establecimiento Penitenciario de la ciudad de Huaraz.

Ingirió 20 pastillas de Clonazepam     

Ayer, una estudiante de la carrera de Psicología de una conocida universidad privada que funciona en Huaraz intentó quitarse la vida tras ingerir ansiolíticos que llevaba consigo para tratar un diagnóstico de salud mental.Se conoció que la joven atravesaba serios problemas familiares; incluso, su progenitor la habría maltratado a pesar de su condición de paciente en el área de salud mental de un conocido establecimiento del Minsa.La estudiante habría ingerido cerca de 20 pastillas de clonazepam debido a un cuadro depresivo. Su vida se puso a salvo gracias a la rápida intervención de sus compañeros universitarios, quienes, al percatarse de su grave estado, la trasladaron al servicio de Emergencia del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, donde quedó bajo atención médica.

Sin embargo, debido a la falta de camas, la paciente tuvo que ser atendida en una silla de ruedas, hecho que genera preocupación por la falta de idoneidad para la atención de pacientes que requieren un área especializada y los cuidados correspondientes.

Los compañeros futuros psicólogos vienen trabajando es un tema de voluntariado, por ello hacen un llamado a los padres de familia y a la sociedad en su conjunto para ayudar a este tipo de jóvenes que atraviesan situaciones emocionales difíciles y más aún cuando son desatendidas por los familiares, en este caso el papá se habría negado a pagarle los estudios, hecho que desencadenó una crisis en la universitaria. (Arnaldo Mejía Bojórquez)

La medida fue dictada tras el accidente de tránsito ocurrido el pasado 2 de setiembre,

que dejó una persona lesionada.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, con función adicional de Flagrancia Piloto, a cargo del juez Pedro Miguel Flores Alberto, declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público y dictó cinco meses de prisión preventiva contra B. J. H. A., investigado por la presunta comisión de los delitos de lesiones culposas y fuga del lugar del accidente de tránsito en grado de tentativa.

De acuerdo con la resolución judicial, los hechos ocurrieron el miércoles 2 del corriente, aproximadamente a las 17:20 horas, cuando el investigado conducía el vehículo de placa F8S-563 por la carretera Huaraz-Caraz.

Según los elementos de convicción valorados, perdió el control de la unidad a la altura de un conocido recreo de la ciudad, impactó contra un parante metálico y un vehículo estacionado, para luego dar dos vueltas de campana y caer sobre otro automóvil que circulaba en sentido contrario.

Como consecuencia del accidente resultó lesionado M. A. A. L., quien fue trasladado a una clínica local. El certificado médico legal incorporado al proceso consignó lesiones traumáticas y estableció seis días de atención facultativa y 15 días de incapacidad médico legal, salvo complicaciones.

Otro de los aspectos considerados por el juzgado fue el resultado del dosaje etílico practicado al investigado, que arrojó 1.35 gramos de alcohol etílico por litro de sangre, correspondiente al segundo grado de alcoholemia. Además, se verificó que no contaba con licencia de conducir y que registraba 15 papeletas de tránsito.

Respecto de la imputación por fuga, la resolución señala que, luego del accidente, el investigado habría intentado alejarse del lugar con dirección al sur, siendo impedido por personas que se encontraban en la zona.

Posteriormente, según los actuados, habría intentado nuevamente retirarse, siendo intervenido por un agente de Serenazgo, quien realizó un arresto ciudadano.

La resolución señala que, en el caso concreto, el concurso de los delitos imputados determina un rango acumulado de pena que supera los cinco años de privación de libertad.

 También ordenó el raslado del investigado al Establecimiento Penitenciario de Huaraz para el cumplimiento de la medida.  (Nota Prensa Poder Judicial)

Autoridad Nacional de Control abrió investigación preliminar contra fiscal por presuntas irregularidades durante una diligencia realizada en el establecimiento penitenciario Víctor Pérez Liendo.

Lo que empezó como una diligencia fiscal dentro del establecimiento penitenciario Víctor Pérez Liendo de Huaraz ahora es materia de una investigación preliminar de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Uso de un ariete táctico, reducción de un trabajador del INPE y cuestionamientos por la incautación de un celular forman parte de los hechos que deberán ser esclarecidos.

La intervención, desarrollada entre el 15 y 16 de agosto de 2026, se realizó en el marco de una investigación fiscal que involucraba presuntos delitos de gravedad. Sin embargo, la forma en que se habría ejecutado el operativo generó cuestionamientos que han terminado en el órgano disciplinario del Ministerio Público.

La Autoridad Nacional de Control resolvió abrir una investigación preliminar contra la fiscal provincial Ada del Rocío Príncipe Asencios, con el objetivo de determinar si durante la diligencia se produjeron actuaciones que podrían constituir una infracción disciplinaria.

Uno de los principales aspectos que deberá esclarecerse está relacionado con el ingreso y la ejecución de la diligencia dentro del penal.

De acuerdo con los hechos consignados en la resolución de control, durante el operativo se habría utilizado un ariete táctico, conocido como “torito”, para forzar puertas y accesos de determinados ambientes administrativos.

La investigación deberá establecer si estas acciones se encontraban comprendidas dentro de los alcances de la autorización judicial que permitió el allanamiento.

Este punto resulta particularmente relevante porque el mandato judicial constituye el marco dentro del cual debe desarrollarse una diligencia de esta naturaleza.

Otro de los episodios que aparece en la investigación involucra al servidor penitenciario Jhon Dedón Monteza.

Según los hechos recogidos por el órgano de control, el trabajador habría sido reducido y colocado con grilletes después de registrar mediante un teléfono institucional parte de lo que ocurría durante el operativo.

La Autoridad Nacional de Control deberá determinar las circunstancias exactas en las que se produjo esta intervención, así como establecer si la actuación estuvo debidamente justificada y guardó relación con el mandato judicial.

La resolución también recoge cuestionamientos respecto al aislamiento de trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario durante la diligencia.

Según lo señalado en la investigación preliminar, algunos servidores habrían permanecido en la denominada sala de abogados mientras se desarrollaba el operativo.

Este hecho también deberá ser contrastado con el contenido de la autorización judicial y con las circunstancias concretas en las que se produjo la intervención.

Otro de los puntos que será materia de investigación está relacionado con las actas de la diligencia y de los bienes que fueron incautados.

De acuerdo con los hechos consignados por la Autoridad Nacional de Control, personal del penal habría solicitado copias de las actas correspondientes, generándose cuestionamientos sobre la entrega de dicha documentación.

La investigación deberá establecer qué bienes fueron incautados, dónde fueron encontrados, quiénes participaron en su incautación y cuál fue el procedimiento seguido respecto de estos elementos.

Es importante precisar que la decisión de la Autoridad Nacional de Control no establece responsabilidad disciplinaria ni determina que los hechos denunciados hayan sido comprobados.

Lo que se ha dispuesto es el inicio de una investigación preliminar por un periodo de 30 días, durante el cual deberán recogerse elementos que permitan determinar si corresponde o no iniciar un procedimiento administrativo disciplinario.

Entre las diligencias previstas se encuentra la recepción del descargo de la fiscal investigada, la revisión de documentación de la carpeta fiscal y de las resoluciones judiciales que autorizaron el allanamiento, además de otros elementos relacionados con la diligencia.

En paralelo, los cuestionamientos referidos a la actuación del personal policial deberán ser evaluados por la instancia correspondiente de la Policía Nacional, debido a que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público no tiene competencia disciplinaria sobre dichos efectivos.

Por ahora, no existe una decisión definitiva sobre responsabilidad disciplinaria. Será la propia Autoridad Nacional de Control la que, luego de recoger y evaluar los elementos correspondientes, determine si los hechos denunciados justifican el inicio de un procedimiento disciplinario.

El allanamiento al penal de Huaraz, por tanto, ya no solo es materia de atención por sus resultados operativos. La propia actuación durante la diligencia ha quedado bajo investigación.   (HUARAZ NOTICIAS)

Asegurados denuncian que ancianos son cargados por escaleras ante falta de ascensor en nueva sede. Una de las aseguradas expresó su malestar señalando que no está de acuerdo con el traslado a un establecimiento estrecho y sin ascensor, obligando a los pacientes, muchos de ellos adultos mayores, a subir escaleras poniendo en riesgo su salud e incluso sus vidas. 

Asegurados de EsSalud en Huaraz, especialmente personas de la tercera edad, volvieron a denunciar las condiciones del nuevo local al que fueron trasladados hace aproximadamente un mes, calificándolo como inadecuado y riesgoso para los pacientes.

Una de las aseguradas expresó su malestar señalando que no está de acuerdo con el traslado a un establecimiento estrecho y sin ascensor, obligando a los pacientes, muchos de ellos adultos mayores, a subir escaleras poniendo en riesgo su salud e incluso sus vidas.

“No existe criterio alguno para hacer las cosas correctamente en este sector”, manifestó indignada la paciente, cuestionando la falta de planificación de los responsables.

Otra asegurada lamentó que los funcionarios no piensen en el bienestar de los pacientes y solo prioricen otros intereses.

Según indicó, diariamente las personas de la tercera edad deben ser cargadas para poder llegar al segundo y tercer piso del local.

Frente a estas constantes denuncias, hasta el momento los responsables de EsSalud no han emitido ningún pronunciamiento, situación que viene siendo interpretada por los asegurados como una muestra de indiferencia hacia sus necesidades. (Huaraz Noticias)

Las nuevas orientadoras ejercerán esta labor durante dos años y contribuirán a informar, orientar y canalizar casos, especialmente de personas vulnerables.

La Corte Superior de Justicia de Áncash (CSJAN) fortaleció sus acciones para acercar el servicio de justicia a la población con la juramentación de 15 orientadoras judiciales, quienes ejercerán esta importante labor durante un periodo de dos años, en beneficio de los ciudadanos del distrito judicial de Áncash.

Las orientadoras judiciales proceden de las provincias de Antonio Raimondi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Huaraz, Huaylas, Recuay y Yungay, lo que evidencia el propósito de la CSJAN de llevar una justicia más cercana y accesible a toda su circunscripción.

En su intervención, el doctor Saby Percy Tarazona León, juez superior titular y coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la CSJAN, resaltó la importancia de esta labor, especialmente para las personas en condición de vulnerabilidad, pues orientar implica también escuchar, comprender y acercar la justicia a quienes más lo necesitan.

Asimismo, señaló que las orientadoras judiciales están llamadas a constituirse en un puente entre la ciudadanía y el Poder Judicial, contribuyendo a garantizar un mejor acceso a la justicia y a fortalecer la imagen institucional mediante una atención basada en el respeto, la empatía y el compromiso de servicio.

A su turno, el presidente de la CSJAN, doctor Nilton Fernando Moreno Merino, destacó que esta iniciativa responde al compromiso institucional de garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia, considerando que factores como la distancia geográfica, las barreras culturales, la complejidad del lenguaje jurídico y las condiciones socioeconómicas pueden dificultar el ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía.

La autoridad judicial reafirmó que la institución que lidera continuará promoviendo una justicia cercana, humana, inclusiva y accesible, destacando que la labor de las orientadoras será fundamental para que la ciudadanía conozca sus derechos y sepa dónde y cómo hacerlos valer.

Cabe resaltar que todas las flamantes orientadoras cumplieron un proceso de 30 horas académicas de formación, en el que abordaron contenidos relacionados con derechos humanos, principios éticos, Reglas de Brasilia, enfoque de vulnerabilidad, rutas de atención judicial, violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, estructura del sistema de justicia, derecho de familia, filiación, alimentos, tenencia y régimen de visitas. También desarrollaron talleres prácticos, simulaciones y fortalecieron sus habilidades blandas.

Tras cumplir satisfactoriamente con las clases programadas y aprobar la evaluación correspondiente, las nuevas orientadoras están preparadas para informar, orientar, derivar y canalizar a los usuarios hacia las instancias competentes, además de acompañar sus procesos y articular esfuerzos con instituciones públicas y privadas.  (Poder Judicial)

Durante la ceremonia, se resaltó el compromiso y la responsabilidad

que implica el ejercicio de la judicatura.

La doctora Haydeé Roxana Huerta Suárez, jueza decana de los jueces especializados y/o mixtos de la Corte Superior de Justicia de Áncash (CSJAN), hoy tomó juramento a la doctora Mirian del Rosario Sánchez Ramírez, quien asumió el cargo de jueza supernumeraria del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Huaraz.

Durante el acto protocolar, la doctora Huerta Suárez exhortó a la flamante magistrada a ejercer sus funciones con responsabilidad, independencia, imparcialidad y compromiso, teniendo como prioridad brindar un servicio de justicia oportuno y de calidad a los ciudadanos.

Asimismo, la invocó a fortalecer la labor jurisdiccional del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Huaraz y contribuir a una atención eficiente de los procesos a cargo de este órgano jurisdiccional.  (Poder Judicial)

Herramientas digitales permitirán agilizar los procesos de tenencia, variación de tenencia, régimen de visitas y variación de régimen de visitas.

El Poder Judicial (PJ) continúa avanzando en su proceso de transformación digital con la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) para los procesos de tenencia, variación de tenencia, régimen de visitas y variación de régimen de visitas en seis cortes superiores de justicia, entre ellas la Corte Superior de Justicia de Áncash (CSJAN).

La incorporación comprende 48 órganos jurisdiccionales: 19 de Áncash, 7 del Callao, 7 de Madre de Dios, 7 de Tacna, 5 de Cañete y 3 de Loreto. Con esta ampliación, el PJ alcanza 1493 órganos jurisdiccionales que cuentan con estas plataformas digitales.

La implementación fue presentada durante una ceremonia virtual realizada esta mañana, en la que la presidenta de la Comisión de Trabajo del EJE, doctora Elvia Barrios Alvarado, en representación de la presidenta del PJ, doctora Janet Tello Gilardi, destacó los primeros resultados obtenidos desde la puesta en producción de estas herramientas.

Según informó, el 25 de mayo y 8 de junio, fechas de puesta en producción de las plataformas, respectivamente, se registraron 419 demandas electrónicas en las seis cortes incorporadas: 129 en el Callao, 109 en Tacna, 70 en Áncash, 53 en Loreto, 42 en Cañete y 16 en Madre de Dios.

Durante su intervención, la máxima autoridad del distrito judicial de Áncash, doctor Nilton Fernando Moreno Merino, afirmó que la implementación del EJE y la MPE constituye un hito fundamental para la institución y representa una transformación profunda en la manera de administrar justicia.

El magistrado sostuvo que, para la CSJAN, la justicia digital significa avanzar hacia una administración de justicia más rápida, transparente y accesible para la ciudadanía, particularmente en procesos de familia vinculados con la tenencia y los regímenes de visitas, cuya atención requiere mayor agilidad.

“No es un mero cambio tecnológico; es una transformación profunda en la manera de administrar justicia”, enfatizó el titular de la CSJAN durante la ceremonia.

En ese sentido, explicó que estas herramientas permitirán reducir las brechas generadas por el uso del soporte físico y contribuirán a acortar los tiempos y facilitar el acceso de los justiciables a los servicios judiciales.

Asimismo, el doctor Moreno Merino subrayó el compromiso de la sede judicial a su cargo de trabajar articuladamente con la Comisión de Trabajo del EJE, fortaleciendo la capacitación de jueces y personal jurisdiccional y administrativo para garantizar una adecuada transición hacia este modelo de gestión digital.

“La justicia está al alcance de un clic”, expresó la autoridad judicial ancashina, al destacar que la transformación digital debe traducirse en beneficios concretos y tangibles para quienes acuden al sistema de justicia.  (Poder Judicial)

Sentencia fue dictada mediante terminación anticipada y dispone el internamiento de los condenados en el establecimiento penitenciario de Huaraz

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, a cargo del juez Pedro Miguel Flores Alberto, condenó a cinco años de pena privativa de libertad efectiva a I.M.R.H. y F.K.P.D., como autores del delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado.

La decisión fue adoptada hoy, en audiencia pública en la que los procesados, con asistencia de su abogado defensor, aceptaron acogerse a una terminación anticipada con pena efectiva. En ese marco, el órgano jurisdiccional homologó en parte el acuerdo celebrado entre el Ministerio Público y los imputados, con participación de la Procuraduría Pública especializada en tráfico ilícito de drogas.

Asimismo, el juzgado dispuso su internamiento en el Establecimiento Penitenciario “Víctor Pérez Liendo” de Huaraz. La resolución precisa que el cómputo de la pena se realizará desde el 25 de julio de este año, fecha de la detención, y vencerá el 24 de julio de 2031.

En cuanto a la reparación civil, el juzgado fijó la suma de S/ 3,000.00 para cada condenado, considerando, entre otros aspectos, su precaria situación económica y carga familiar. El monto deberá ser cancelado en 15 cuotas mensuales de S/ 200.00, desde setiembre del año en curso hasta noviembre de 2027.

La resolución también estableció 150 días-multa, equivalentes a S/ 1,412.50 para cada uno de los sentenciados, que deberán ser pagados en un plazo de 60 días.

Además, ambos fueron inhabilitados de manera definitiva para ingresar o reingresar al servicio docente o administrativo en instituciones de educación básica, centros de educación técnico-productiva, institutos y escuelas de educación superior, instituciones de educación superior artística, universidades, escuelas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, así como en el Ministerio de Educación y sus organismos públicos adscritos, Direcciones o Gerencias Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local.

Esta inhabilitación se extiende, en general, a toda institución u organismo educativo, incluidos los centros de resocialización o rehabilitación, que desarrollen actividades permanentes o temporales vinculadas con la educación, capacitación y formación en cualquier materia, incluidos los ámbitos deportivo, artístico y cultural. Asimismo, comprende el ejercicio de cualquier actividad, profesión, ocupación u oficio que implique la enseñanza, cuidado, vigilancia o atención de niñas, niños o adolescentes, así como del alumnado de educación superior técnica o universitaria. (Nota de Prensa Poder Judicial)