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Dirigente de Antonio Raimondi exige justicia por muerte de comunero

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Norma Cornejo rechaza la actividad de minería ilegal en Chingas

La dirigente social de la provincia de Antonio Raimondi, Norma Sara Cornejo Haro, demandó celeridad en las investigaciones por el crimen de Anatolio Saúl Miguel Ramos (60), presidente del Comité de Agua de Vista Alegre, quien falleció tras ser brutalmente agredido el pasado 4 de noviembre de 2026 en las inmediaciones de la laguna Yanacocha, en el distrito de Chingas.

Tras sostener reuniones con las autoridades en Huaraz, la representante comunal informó que se ha solicitado la presencia directa del alto mando policial y fiscal en la zona del conflicto para verificar in situ la problemática generada por la extracción minera. Confirmó que existe el compromiso de las autoridades de viajar próximamente al sector para trabajar de manera articulada en la resolución de esta crisis.

Cornejo Haro expresó el rotundo rechazo de las comunidades hacia cualquier actividad minera en la provincia, advirtiendo que el ingreso de la minería ilegal solo ha traído violencia y contaminación ambiental. En esa línea, cuestionó severamente al Ejecutivo y al Congreso de la República por las sucesivas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), señalando que estas medidas perpetúan los enfrentamientos y perjudican directamente a las poblaciones altoandinas.

Asimismo, destacó que Antonio Raimondi es una zona eminentemente agrícola y ganadera que vive de la producción y exportación de choclo, papa, entre otros. Subrayó que, con la próxima inauguración de su nueva vía asfaltada, prevista entre el 22 y 23 de noviembre, la provincia proyecta consolidarse como el primer productor nacional de choclo, desarrollo económico que —aseguró— no permitirán que sea destruido por la contaminación hídrica ni por intereses mineros.

Respecto a las indagaciones legales, precisó que las diligencias fiscales se vienen desarrollando en coordinación con instancias superiores en Lima y criticó las demoras en la entrega pública de los resultados médicos vinculados al caso, advirtiendo además sobre las precarias condiciones de los servicios de salud en la provincia.

Finalmente, la dirigente anunció que la población de Antonio Raimondi llegará hasta el Congreso de la República y, de ser necesario, acudirá a instancias internacionales de derechos humanos para exigir justicia por el asesinato de Anatolio Miguel Ramos y garantizar la defensa de sus recursos naturales y actividades productivas. (Arnaldo Mejía Bojórquez)

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Puente Yanayacu en peligro de colapsar en la vía Cátac-Huari

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Por deterioro de plancha de acero y falta de mantenimiento

El puente Yanayacu, ubicado en la carretera de penetración Cátac–Huari, continúa representando un serio peligro para transportistas y pasajeros debido al progresivo deterioro de una de las planchas de acero de su plataforma. Pese a que el problema fue denunciado desde hace varias semanas, hasta el momento no se advierte una intervención efectiva de las autoridades responsables del mantenimiento de esta infraestructura.

La situación se agrava con el paso de los días, pues la plancha metálica presenta un deterioro cada vez mayor y el forado existente obliga a los conductores a realizar maniobras para evitar que los neumáticos de sus vehículos caigan en el hueco. Esta situación incrementa el riesgo de accidentes de tránsito, daños materiales y posibles lesiones a los usuarios de esta importante vía.

Pese a las reiteradas advertencias, las entidades del sector Transportes, entre ellas Provías Nacional y las instancias competentes, aún no habrían dispuesto una solución concreta. Mientras tanto, el problema continúa agravándose y la estructura permanece expuesta al tránsito vehicular sin que se realicen los trabajos correctivos necesarios.

Los transportistas demandan una intervención urgente para reemplazar la plancha de acero deteriorada del puente Bailey de Yanayacu, así como una evaluación técnica de su plataforma y el mantenimiento preventivo correspondiente. No se debe esperar a que ocurra un accidente, con consecuencias lamentables, para que las autoridades recién adopten medidas frente a un peligro que ya fue advertido oportunamente. (Arnaldo Mejía Bojórquez)

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Fiscalías de Prevención del Delito y de Familia lideran operativo inopinado

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Autoridades fiscalizaron en hospedajes de Huaraz en donde admiten a menores de edad

Con el objetivo de prevenir ilícitos contra la salud pública y salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público ejecutó un operativo multisectorial inopinado en diversos hoteles, hostales y establecimientos de hospedaje ubicados en el jirón Hualcán y zonas aledañas, en la ciudad de Huaraz.

La diligencia fue encabezada por la fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito, Lizzeth Elida Córdova Chinchay, y el representante de la Fiscalía Provincial de Familia de Huaraz, Michael Josimar Arteaga Cano, quienes trabajaron de manera articulada con efectivos de la Comisaría de Huaraz de la Policía Nacional del Perú, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur), así como fiscalizadores de las áreas de Comercialización, Seguridad y la Subgerencia de Sanidad y Salubridad de la Municipalidad Provincial de Huaraz.

Durante la intervención, la fiscal Lizhet Delia Córdova Chinchay precisó que la labor de su despacho se centró en la prevención de delitos contra la salud pública, tipificados en el artículo 286 del Código Penal. Para tal fin, junto al personal municipal de sanidad, se inspeccionaron las condiciones higiénicas y medidas sanitarias de las habitaciones destinadas al alquiler público, además de verificar la documentación reglamentaria y las medidas de seguridad de los locales.

Por su parte, el fiscal Michael Arteaga Cano enfocó su intervención en el control estricto del ingreso y permanencia de menores de edad, con el propósito de evitar situaciones de riesgo o vulneración de sus derechos fundamentales. El magistrado exhortó a los propietarios y encargados de los establecimientos a exigir de manera obligatoria la compañía de los padres o de un tutor debidamente acreditado, así como a consignar rigurosamente los datos en el cuaderno de registro correspondiente.

El Ministerio Público informó que estas acciones de fiscalización preventiva continuarán desarrollándose de manera permanente e inopinada en distintos sectores de la provincia de Huaraz. (Arnaldo Mejía Bojórquez)

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Alertan incremento de conductores ebrios en Huaraz

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Comisaría de Huaraz también recibe denuncias por violencia familiar

Un preocupante repunte de choferes detenidos por conducir en estado de ebriedad y de intervenciones por violencia familiar durante los fines de semana advirtió el comisario de Huaraz, comandante PNP Óscar Sosa Ramírez, tras informar que solo en las últimas jornadas se registraron 12 detenidos en dicha dependencia policial.

De acuerdo con el balance policial, cuatro de las detenciones correspondieron al delito de peligro común por conducción en estado de ebriedad, mientras que el resto de intervenciones estuvieron vinculadas principalmente a casos de agresiones en el entorno familiar, problemáticas que concentran la mayor carga operativa de la Policía Nacional en la ciudad.

El oficial señaló que, tras haberse observado una ligera disminución entre julio y agosto, las infracciones por ingesta de alcohol al volante volvieron a incrementarse de manera sostenida en octubre y noviembre, generando una serie de accidentes de tránsito tanto en el casco urbano como en las vías de acceso a Huaraz. Asimismo, reconoció que la capacidad operativa policial resulta insuficiente frente a la alta incidencia de conductores infractores.

Sosa Ramírez exhortó a los propietarios de vehículos a actuar con responsabilidad y evitar conducir si van a consumir bebidas alcohólicas, recomendando el uso de taxis o transporte público para retornar a sus domicilios. Advirtió que manejar bajo los efectos del alcohol no solo expone a los ciudadanos a accidentes fatales o al robo y daño de sus unidades en zonas apartadas, sino que conlleva severas consecuencias legales como multas, el internamiento del vehículo, la cancelación de la licencia de conducir y penas privativas de la libertad en caso de ocasionar lesiones o muertes.

La Policía Nacional reiteró que continuará ejecutando operativos de alcoholemia y patrullaje preventivo en puntos críticos de la jurisdicción con el fin de reducir los siniestros viales y atender oportunamente las denuncias por violencia intrafamiliar. (Arnaldo Mejía Bojórquez)

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Dictan siete meses de prisión preventiva para Friddey Huerta

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Policía Nacional lo busca por delito de violación sexual de menor con discapacidad

El Poder Judicial de Recuay declaró fundado el requerimiento de siete meses de prisión preventiva contra Friddey Huerta (51), investigado por el presunto delito de violación sexual en agravio de un menor de 13 años con discapacidad, disponiendo además su inmediata ubicación y captura a nivel nacional al encontrarse en condición de prófugo.

La medida coercitiva fue obtenida por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Recuay, bajo la dirección del fiscal provincial Henry Durand Castillo, quien sustentó ante el órgano jurisdiccional los graves y fundados elementos de convicción recabados junto al personal fiscal y administrativo de su despacho.

De acuerdo con la investigación fiscal, el último ataque ocurrió el 8 de agosto de 2026 en el interior de la vivienda de la víctima, circunstancia en la que el imputado habría aprovechado que la madre del menor se encontraba realizando labores agrícolas para ingresar al inmueble y cometer el ilícito. Las indagaciones preliminares determinaron también que las agresiones sexuales se habrían perpetrado de forma sistemática desde marzo del mismo año.

Entre los principales elementos probatorios presentados por el Ministerio Público para respaldar el pedido de reclusión preventiva destacan el certificado médico-legal de integridad sexual y la declaración del agraviado obtenida mediante entrevista única en Cámara Gesell.

Con la orden judicial vigente, las autoridades policiales ejecutarán las acciones de búsqueda para proceder con el internamiento del imputado en un establecimiento penitenciario mientras continúan las investigaciones del caso. (Arnaldo Mejía Bojórquez)

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Familiares de comunero golpeado y muerto en Chingas exigen justicia

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Buscan la celeridad del trabajo policial y cierre de mina en Yanacocha

Con el reclamo unánime de justicia y la exigencia de resultados concretos en las investigaciones, familiares y pobladores provenientes de la provincia de Antonio Raimondi llegaron a la ciudad de Huaraz para protestar por la lentitud en el esclarecimiento del crimen de Anatolio Miguel Ramos, fallecido tras un ataque armado en las alturas de la laguna Yanacocha, en el distrito de Chingas.

Durante la movilización, una comitiva encabezada por Leoncio Miguel Ramos, hermano de la víctima, lanzaron arenas mientras sus representantes ingresaron a la sede de la Región Policial Áncash para sostener una reunión directa con los altos mandos policiales, a fin de demandar la identificación y captura de los responsables, pues hasta la fecha no se registra ningún detenido por este hecho.

En declaraciones a la prensa, Leoncio Miguel Ramos cuestionó severamente la pasividad de las autoridades y relató que su hermano formaba parte de un grupo de aproximadamente 30 dirigentes comunales que subieron a la zona de la laguna Yanacocha, donde fueron emboscados por cerca de 30 sujetos armados sin que llegaran oportunamente los refuerzos policiales solicitados a la dependencia policial de Huari.

Asimismo, el familiar reveló la extrema brutalidad del ataque basándose en el protocolo de necropsia, el cual determinó que la víctima sufrió severos destrozos en órganos internos vitales como el riñón, el intestino delgado y los testículos, evidenciando el ensañamiento con el que actuaron los agresores.

Además del pedido de justicia penal, los deudos y pobladores exigieron a las autoridades competentes el cierre definitivo de la actividad minera en el sector, advirtiendo que la contaminación de las fuentes hídricas amenaza directamente la salud de madres gestantes y niños, así como la supervivencia agrícola y ganadera de las familias de Chingas, Llamellín y zonas aledañas, reconocidas por su alta producción de choclo y productos de pan llevar.

Los manifestantes señalaron que permanecerán vigilantes tras el diálogo sostenido con el comando policial en Huaraz y reiteraron que continuarán con sus medidas de reclamo hasta lograr la captura de los autores materiales e intelectuales del homicidio. (Arnaldo Mejía Bojórquez)

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Cadena perpetua para violador de Yungay que abusó sexualmente de adolescente

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Martín Méndez pasará el resto de su vida por vejar a menor de 13 años 

El Juzgado Penal Colegiado Exclusivo de Huaraz condenó a Martín Méndez a cadena perpetua por el delito de violación sexual de menor de edad, en la modalidad de delito continuado, en agravio de una adolescente de 13 años. Asimismo, dispuso el pago de S/ 10 000 por concepto de reparación civil a favor de la víctima y ordenó su inmediata ubicación y captura para su internamiento en el establecimiento penitenciario de Huaraz.

La sentencia, emitida por unanimidad, fue resultado de la acusación sustentada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yungay, a través del fiscal provincial José Albuquerque Santiesteban, quien participó durante el juicio oral y presentó los elementos probatorios que acreditaron la responsabilidad penal del acusado.

De acuerdo con la investigación fiscal, el sentenciado utilizó una identidad falsa para ganarse la confianza de la adolescente y posteriormente cometer los actos de violencia sexual en reiteradas ocasiones. Además, buscó mantener los hechos en secreto, advirtiendo que no debía revelar lo sucedido a ninguna persona.

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público presentó como principales elementos de convicción la entrevista única de la víctima en Cámara Gesell, el reconocimiento físico del acusado, declaraciones testimoniales y el certificado médico legal, pruebas que sustentaron la acusación fiscal ante el órgano jurisdiccional.

Además de la pena privativa de libertad y la reparación civil, el juzgado dispuso que la agraviada reciba el tratamiento terapéutico correspondiente, como parte de las medidas establecidas en la sentencia.

El resultado judicial constituye una nueva condena obtenida por la Fiscalía de Yungay en la persecución de delitos contra la libertad sexual y la protección de niñas, niños y adolescentes. (Arnaldo Mejía Bojórquez)

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