
Norma Cornejo rechaza la actividad de minería ilegal en Chingas
La dirigente social de la provincia de Antonio Raimondi, Norma Sara Cornejo Haro, demandó celeridad en las investigaciones por el crimen de Anatolio Saúl Miguel Ramos (60), presidente del Comité de Agua de Vista Alegre, quien falleció tras ser brutalmente agredido el pasado 4 de noviembre de 2026 en las inmediaciones de la laguna Yanacocha, en el distrito de Chingas.
Tras sostener reuniones con las autoridades en Huaraz, la representante comunal informó que se ha solicitado la presencia directa del alto mando policial y fiscal en la zona del conflicto para verificar in situ la problemática generada por la extracción minera. Confirmó que existe el compromiso de las autoridades de viajar próximamente al sector para trabajar de manera articulada en la resolución de esta crisis.
Cornejo Haro expresó el rotundo rechazo de las comunidades hacia cualquier actividad minera en la provincia, advirtiendo que el ingreso de la minería ilegal solo ha traído violencia y contaminación ambiental. En esa línea, cuestionó severamente al Ejecutivo y al Congreso de la República por las sucesivas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), señalando que estas medidas perpetúan los enfrentamientos y perjudican directamente a las poblaciones altoandinas.
Asimismo, destacó que Antonio Raimondi es una zona eminentemente agrícola y ganadera que vive de la producción y exportación de choclo, papa, entre otros. Subrayó que, con la próxima inauguración de su nueva vía asfaltada, prevista entre el 22 y 23 de noviembre, la provincia proyecta consolidarse como el primer productor nacional de choclo, desarrollo económico que —aseguró— no permitirán que sea destruido por la contaminación hídrica ni por intereses mineros.
Respecto a las indagaciones legales, precisó que las diligencias fiscales se vienen desarrollando en coordinación con instancias superiores en Lima y criticó las demoras en la entrega pública de los resultados médicos vinculados al caso, advirtiendo además sobre las precarias condiciones de los servicios de salud en la provincia.
Finalmente, la dirigente anunció que la población de Antonio Raimondi llegará hasta el Congreso de la República y, de ser necesario, acudirá a instancias internacionales de derechos humanos para exigir justicia por el asesinato de Anatolio Miguel Ramos y garantizar la defensa de sus recursos naturales y actividades productivas. (Arnaldo Mejía Bojórquez)