Prensa Regional Huaraz

Universidad Nacional de Arte Áncash rechaza desalojo

Ex Esfap defiende su sede histórica en la avenida Luzuriaga

La Universidad Nacional de Arte Áncash (UNA-A) rechazó la pretensión de desalojo de su local central, ubicado en la avenida Luzuriaga N.° 766, impulsada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash, a través de la Procuraduría del Ministerio de Cultura. La comunidad universitaria sostiene que ocupa dicho inmueble desde julio de 1975, donde desarrolla de manera ininterrumpida sus actividades académicas y artísticas.

A través de un pronunciamiento suscrito por docentes, personal administrativo, estudiantes y egresados, la institución cuestionó las acciones que podrían dejarla sin su principal infraestructura educativa y advirtió que un eventual desalojo afectaría la continuidad de la formación profesional de cientos de jóvenes de Áncash y otras regiones del país.

En el documento, la universidad recuerda que la antigua Escuela Superior de Formación Artística Pública (ESFAP) Áncash recibió el inmueble en julio de 1975, durante la gestión de su director fundador, Humberto Chávez Bayona. Asimismo, sostiene que el Instituto Nacional de Cultura (INC), actualmente Dirección Desconcentrada de Cultura, no habría cumplido con las disposiciones relacionadas con la transferencia del local al sector Educación, pese a lo establecido en el Decreto Supremo N.° 01-84-ED.

Otro de los antecedentes expuestos corresponde a un acta suscrita en 2005 entre la ESFAP Áncash y el INC, con intervención de la Dirección Regional de Educación, mediante la cual ambas instituciones acordaron brindarse apoyo recíproco y gestionar la construcción de una nueva infraestructura en el terreno de Pedregal Medio. Según el pronunciamiento, este compromiso no llegó a concretarse.

La comunidad universitaria también cuestionó las condiciones en las que funciona el establecimiento y señaló que los gastos de servicios básicos, como agua y electricidad, son cubiertos con los recursos provenientes de las matrículas y otros derechos educativos de los estudiantes. Además, denunció restricciones que, según indica, habrían afectado el desarrollo de las actividades académicas y el mantenimiento de las instalaciones. (Arnaldo Mejía Bojórquez)

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